ARTÍCULO 1. REAL DECRETO-LEY 29/2026: MÁS INTERVENCIÓN EN EL ALQUILER, ¿PERO QUIÉN PROTEGE AL PROPIETARIO?
La vivienda vuelve a estar en el centro de las decisiones del Gobierno. Pero hay una pregunta que parece quedar siempre en segundo plano: ¿qué ocurre con los derechos de quienes son propietarios?
Cada vez que se anuncia una nueva medida en materia de vivienda, el discurso suele comenzar de la misma manera: proteger al inquilino, facilitar el acceso a la vivienda y combatir la especulación.
Son objetivos que, sobre el papel, resultan razonables. Nadie puede cuestionar la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda digna. El problema aparece cuando, para conseguirlo, se introducen nuevas obligaciones y limitaciones sobre los propietarios sin abordar suficientemente las causas estructurales del problema.
El Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, vuelve a poner de manifiesto este debate.
Y quiero analizarlo desde una perspectiva que considero imprescindible: la del propietario.
1. El propietario no es el responsable de solucionar el problema de vivienda
Parece que cada vez que hablamos de dificultades para acceder a una vivienda, la solución pasa por exigir algo más a quien tiene una propiedad.
Más restricciones, más obligaciones, más limitaciones contractuales y más intervención sobre las condiciones del alquiler.
Pero hay algo que no debemos olvidar: una vivienda privada no es un servicio público por el simple hecho de que su propietario decida alquilarla.
Detrás de muchas propiedades hay años de ahorro, hipotecas, herencias familiares, sacrificios y compromisos económicos.
El pequeño propietario no es necesariamente un gran inversor ni un fondo de inversión. En muchos casos es una persona que ha adquirido una vivienda para obtener una rentabilidad, complementar su jubilación o disponer de un patrimonio para sus hijos.
¿En qué momento se ha convertido ese propietario en el responsable de resolver una necesidad que corresponde atender también a las administraciones públicas?
2. Alquiler de temporada: regular el fraude no debe significar criminalizar al propietario
La regulación del alquiler de temporada pretende evitar que se utilicen contratos temporales para encubrir alquileres de vivienda habitual.
Estoy de acuerdo en que los contratos deben reflejar la realidad y que no se deben utilizar fórmulas jurídicas para eludir la ley.
Pero también debemos reconocer que existe una demanda real de vivienda temporal.
Profesionales desplazados, estudiantes, trabajadores que se trasladan durante unos meses y personas que necesitan una vivienda por circunstancias concretas no siempre buscan un alquiler permanente.
El problema es que, cuando se introducen demasiadas restricciones, el propietario puede terminar renunciando a alquilar.
Y aquí aparece una cuestión que debería preocuparnos: ¿qué ocurre con la oferta disponible cuando cada vez resulta más complicado alquilar una vivienda con seguridad jurídica?
No podemos exigir más viviendas en alquiler y, al mismo tiempo, convertir esa actividad en una fuente permanente de incertidumbre.
3. La protección del inquilino vulnerable no puede recaer exclusivamente sobre el propietario
La protección de las personas vulnerables es necesaria. Pero también lo es proteger los derechos de quien tiene una vivienda alquilada.
Cuando un propietario deja de cobrar la renta, sigue teniendo que pagar la hipoteca, el IBI, la comunidad, los seguros y los gastos de mantenimiento.
Y si además no puede recuperar su vivienda durante un periodo prolongado, el perjuicio económico puede ser considerable.
La pregunta es sencilla: ¿por qué debe asumir un particular el coste de una política social que corresponde garantizar a las administraciones?
Si una persona no puede acceder a una vivienda por falta de recursos, la solución debería pasar por políticas públicas eficaces, vivienda social suficiente y ayudas que lleguen a quienes realmente las necesitan.
La solidaridad no puede convertirse en una obligación económica indefinida para un propietario particular.
4. Viviendas vacías: ¿castigar al propietario aumentará la oferta?
Otro asunto especialmente controvertido es el establecimiento de recargos en el IBI para determinadas viviendas desocupadas permanentemente.
La finalidad es incentivar que las viviendas vacías se incorporen al mercado del alquiler.
Pero conviene preguntarse algo: ¿todas las viviendas vacías están en condiciones de ser alquiladas?
Hay inmuebles que necesitan reformas importantes, propiedades heredadas con varios titulares que no se ponen de acuerdo, viviendas pendientes de regularización registral, inmuebles con problemas urbanísticos o situaciones familiares y patrimoniales complejas.
En nuestro trabajo diario encontramos precisamente muchos de estos casos.
Una vivienda puede estar vacía porque su situación jurídica no está resuelta, porque existen discrepancias entre herederos o porque necesita una inversión que su propietario no puede asumir.
¿Tiene sentido tratar todas esas situaciones como si el propietario estuviera reteniendo deliberadamente una vivienda para especular?
Antes de establecer recargos, sería razonable facilitar la regularización de inmuebles, agilizar licencias y ofrecer mecanismos para que esas viviendas puedan incorporarse al mercado.
5. Más obligaciones para el propietario, pero ¿más seguridad jurídica?
Esta es, para mí, una de las cuestiones centrales.
El propietario necesita conocer con claridad:
- Cuándo puede recuperar su vivienda.
- Qué ocurre cuando un inquilino deja de pagar.
- Qué garantías tiene frente a los daños ocasionados en el inmueble.
- Qué obligaciones debe cumplir para formalizar un contrato.
- Qué impuestos y gastos debe asumir.
- Qué protección recibe cuando se produce un incumplimiento contractual.
No se puede pedir a alguien que ponga su patrimonio en el mercado del alquiler y, al mismo tiempo, no ofrecerle un marco suficientemente previsible para hacerlo.
La seguridad jurídica no es un privilegio del propietario. Es una condición necesaria para que exista un mercado de alquiler equilibrado.
6. ¿Y qué ocurre en Canarias?
En Canarias tenemos una realidad que merece un análisis propio.
La escasez de vivienda disponible, las dificultades para acceder a una vivienda habitual, el coste de construcción, las limitaciones de suelo y la lentitud de determinados procedimientos administrativos forman parte de un problema mucho más amplio.
Además, tenemos numerosos inmuebles cuya situación documental necesita regularización.
En REINMOCAN conocemos bien esta realidad: propiedades heredadas sin titularidad correctamente inscrita, viviendas que necesitan actualizar su situación registral y fincas que no pueden transmitirse con normalidad porque su documentación no está completa.
No todo se soluciona con restricciones al alquiler. También necesitamos facilitar que el patrimonio inmobiliario existente pueda ponerse en condiciones de ser vendido o alquilado legalmente.
MI REFLEXIÓN: PROTEGER AL INQUILINO NO DEBERÍA SIGNIFICAR DESPROTEGER AL PROPIETARIO
Creo que hemos entrado en una dinámica en la que parece que propietario e inquilino tienen que estar necesariamente enfrentados.
Y no es así.
Necesitamos propietarios que quieran alquilar sus viviendas y necesitamos inquilinos que puedan acceder a ellas en condiciones razonables.
Pero para conseguirlo hay que ofrecer seguridad a ambas partes.
Si cada nueva regulación aumenta las obligaciones del propietario sin resolver los problemas de fondo, corremos el riesgo de que muchos decidan retirar sus viviendas del mercado, venderlas o buscar otras alternativas.
Y cuando la oferta se reduce, quienes necesitan alquilar tampoco salen beneficiados.
La vivienda es un derecho, pero la propiedad privada también está protegida por nuestro ordenamiento jurídico. Una política de vivienda equilibrada debe respetar ambas realidades.
Desde REINMOCAN seguiremos defendiendo algo tan básico como necesario: información, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los propietarios.
Artículo de opinión y análisis divulgativo. La aplicación de cada medida debe comprobarse conforme al texto legal vigente y a las circunstancias particulares de cada inmueble.









