ARTÍCULO 3. REAL DECRETO-LEY 27/2026: OTRA REFORMA DEL ALQUILER QUE NO LLEGÓ A CONSOLIDARSE. ¿QUÉ MENSAJE RECIBE EL PROPIETARIO?
Una nueva propuesta para modificar los contratos de arrendamiento que fue derogada apenas unos días después de su aprobación.
Si hay algo que necesita el mercado inmobiliario es estabilidad.
Quien compra una vivienda necesita conocer las reglas que afectan a su inversión. Quien vende necesita seguridad para realizar una operación. Y quien alquila su propiedad necesita saber cuáles son sus derechos y obligaciones.
Sin embargo, la sucesión de reformas, anuncios y modificaciones legislativas está generando una incertidumbre que afecta directamente a las decisiones de los propietarios.
El Real Decreto-ley 27/2026, aprobado el 29 de septiembre, es un ejemplo de ello.
La norma pretendía introducir cambios en el sistema de duración y prórroga de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Sin embargo, fue derogada el 2 de octubre, apenas unos días después de su publicación.
1. ¿Qué pretendía cambiar el Gobierno?
La propuesta modificaba el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Su finalidad era reforzar la continuidad de los contratos de alquiler una vez superados los periodos mínimos legales de cinco años para propietarios particulares y siete años para personas jurídicas.
El modelo propuesto establecía prórrogas sucesivas de la misma duración, salvo comunicación de voluntad de no continuar por alguna de las partes.
En la práctica, suponía modificar el margen de decisión del propietario cuando llegaba el vencimiento del contrato.
2. El propietario tendría que planificar con más antelación
El decreto establecía un plazo de seis meses de preaviso para el arrendador cuando quisiera poner fin a la relación contractual en los supuestos regulados.
Pensemos en un propietario que tiene una vivienda alquilada y necesita recuperarla para venderla.
La decisión de vender puede estar relacionada con una necesidad económica, una herencia, una separación o simplemente con la decisión de reorganizar su patrimonio.
Cada mes adicional de espera puede tener consecuencias económicas.
No podemos analizar estas medidas como si las viviendas fueran activos abstractos. Son bienes privados que tienen un propietario detrás.
3. La indemnización: una nueva carga económica
La propuesta también contemplaba una indemnización para determinados supuestos de no renovación del contrato.
Desde la perspectiva del propietario, esto añadía un coste potencial a la decisión de recuperar el inmueble.
Y aquí hay una cuestión que considero fundamental: el riesgo económico del alquiler ya existe.
El propietario asume gastos de comunidad, IBI, seguros, reparaciones, mantenimiento, posibles impagos y deterioros del inmueble.
No parece razonable ignorar todos esos costes cuando se diseñan políticas de protección del arrendatario.
La protección debe existir, pero también debe tener límites y respetar los derechos de quien aporta la vivienda al mercado.
4. ¿Qué ocurre con el pequeño propietario?
Muchas veces, cuando se habla de propietarios, parece que todos pertenecen a la misma categoría.
Pero no es lo mismo una entidad que posee miles de viviendas que una persona que ha heredado un piso o que ha comprado una segunda vivienda con el esfuerzo de muchos años.
El pequeño propietario no siempre dispone de recursos para asumir riesgos prolongados.
Tampoco cuenta necesariamente con departamentos jurídicos, estructuras financieras o equipos de gestión.
Por eso, cualquier reforma debería distinguir adecuadamente las distintas realidades del mercado inmobiliario.
No podemos diseñar toda la política de vivienda pensando exclusivamente en grandes operadores y trasladar sus efectos al pequeño propietario.
5. ¿Por qué se derogó?
El Real Decreto-ley 27/2026 fue sometido al trámite de convalidación parlamentaria y no obtuvo el respaldo necesario.
La Diputación Permanente acordó su derogación el 2 de octubre de 2026.
Esto significa que las modificaciones que pretendía introducir no quedaron incorporadas al régimen vigente de arrendamientos.
Posteriormente se aprobó el Real Decreto-ley 28/2026, con una propuesta revisada que también fue derogada en noviembre.
Es decir, dos intentos legislativos relacionados con la estabilidad de los contratos terminaron sin consolidarse.
6. ¿Qué consecuencias tiene esta inestabilidad para el mercado?
Tiene más consecuencias de las que parece.
Un propietario que está pensando en alquilar puede retrasar su decisión.
Otro puede optar por vender su vivienda.
Quien tiene un inmueble heredado puede decidir mantenerlo sin alquilar hasta aclarar su situación jurídica o económica.
Y quien pretende comprar para invertir necesita valorar no solo el precio de adquisición y la rentabilidad, sino también el marco legal en el que desarrollará su actividad.
Cuando las reglas cambian constantemente, aumenta la percepción de riesgo.
Y cuando aumenta el riesgo, las decisiones de inversión se vuelven más prudentes.
No podemos afirmar que cada restricción provoque automáticamente una reducción de la oferta, pero sí debemos reconocer que la seguridad jurídica es uno de los factores que influyen en la decisión de poner una vivienda en alquiler.
7. ¿Qué necesitamos realmente para solucionar el problema de vivienda?
Desde mi punto de vista profesional, necesitamos abordar el problema desde varios frentes:
- Aumentar la construcción de vivienda nueva.
- Facilitar la disponibilidad de suelo residencial.
- Reducir los plazos administrativos y urbanísticos.
- Impulsar la rehabilitación de viviendas existentes.
- Facilitar la regularización documental y registral de inmuebles.
- Desarrollar un parque público de vivienda suficiente.
- Establecer mecanismos eficaces de protección para inquilinos vulnerables.
- Garantizar seguridad jurídica a los propietarios.
- Agilizar los procedimientos frente a los incumplimientos contractuales.
En Canarias, además, debemos prestar atención a las particularidades del territorio, la disponibilidad de suelo, el coste de construcción y el importante número de inmuebles que necesitan actuaciones de regularización.
No podemos pretender resolver un problema estructural exclusivamente mediante modificaciones de los contratos privados.
MI REFLEXIÓN FINAL: LA VIVIENDA NO PUEDE CONVERTIRSE EN UNA FUENTE PERMANENTE DE INCERTIDUMBRE PARA EL PROPIETARIO
El Real Decreto-ley 27/2026 fue derogado pocos días después de su aprobación. Posteriormente se intentó una nueva regulación mediante el Real Decreto-ley 28/2026, que también terminó siendo derogada.
Más allá del contenido de cada propuesta, hay algo que merece una reflexión: ¿qué confianza puede tener un propietario cuando las reglas que afectan a su patrimonio cambian de forma tan frecuente?
No podemos pedir a los ciudadanos que inviertan, alquilen y pongan sus viviendas en el mercado si no existe un marco normativo claro y previsible.
La vivienda es una necesidad básica, pero también es un patrimonio privado que merece protección.
Y defender al propietario no significa ignorar los problemas de los inquilinos. Significa entender que sin propietarios dispuestos a alquilar tampoco tendremos un mercado de alquiler suficientemente amplio.
La solución no debería consistir en enfrentar a quienes necesitan una vivienda con quienes tienen una vivienda para ofrecer. La solución debería ser crear las condiciones para que ambas partes puedan beneficiarse de un mercado justo, equilibrado y jurídicamente seguro.
Desde REINMOCAN seguiremos analizando la normativa inmobiliaria desde una perspectiva profesional, crítica y, sobre todo, cercana a la realidad de propietarios y ciudadanos.
Artículo de opinión y análisis divulgativo. Para cualquier decisión sobre un contrato concreto debe consultarse la normativa vigente en la fecha correspondiente.









