EL PROPIETARIO NO ES EL ENEMIGO ¿Quién protege a quienes tienen una vivienda en propiedad? OPINIÓN PERSONAL
LA VIVIENDA, LOS PROPIETARIOS Y UNA POLÍTICA QUE PARECE HABERSE OLVIDADO DE UNA DE LAS PARTES
Mi reflexión personal sobre las últimas medidas del Gobierno y el futuro del mercado inmobiliario.
Llevo muchos años trabajando en el sector inmobiliario y, si hay algo que he aprendido durante todo este tiempo, es que detrás de cada vivienda hay una historia, un esfuerzo y, sobre todo, una persona.
Una vivienda no es solamente un inmueble, una referencia catastral o un número en una estadística. Para muchos propietarios representa los ahorros de toda una vida, una herencia familiar, una inversión realizada con sacrificio o una seguridad económica para el futuro.
Por eso, cada vez que escucho hablar de nuevas medidas para solucionar el problema de la vivienda, me hago la misma pregunta:
¿Se está teniendo realmente en cuenta al propietario?
Porque tengo la sensación de que, en el debate actual sobre la vivienda, se habla mucho de proteger al inquilino, de limitar los alquileres, de intervenir en el mercado y de exigir nuevas obligaciones, pero muy poco de los derechos de quienes tienen una vivienda en propiedad.
Y creo que es necesario decirlo.
¿Por qué parece que tener una vivienda se ha convertido en un problema?
Parece que hemos llegado a un punto en el que tener una vivienda en propiedad, especialmente si se destina al alquiler, coloca automáticamente al propietario bajo sospecha.
Se habla de especulación, de grandes tenedores, de viviendas vacías y de propietarios que obtienen beneficios del alquiler. Pero rara vez se diferencia entre un gran fondo de inversión y una persona que tiene un piso heredado, una segunda vivienda o un inmueble que compró con el esfuerzo de muchos años de trabajo.
No todos los propietarios son iguales. Y, sin embargo, muchas veces parece que las decisiones políticas se plantean como si todos tuvieran la misma capacidad económica, los mismos recursos y las mismas posibilidades de asumir riesgos.
Me parece injusto generalizar.
Un pequeño propietario también tiene obligaciones. Paga impuestos, comunidad, seguros, mantenimiento, reparaciones, hipoteca y todos los gastos que conlleva mantener una vivienda.
Y cuando decide alquilarla, no está realizando necesariamente una actividad especulativa. Está poniendo su patrimonio a disposición de otra persona a cambio de una contraprestación económica.
¿Desde cuándo obtener una rentabilidad legítima por una propiedad privada se ha convertido en algo que parece necesario justificar constantemente?
Proteger al inquilino sí, pero ¿quién protege al propietario?
Quiero dejar algo claro: estoy completamente de acuerdo en que las personas vulnerables necesitan protección. Nadie debería quedarse sin una alternativa habitacional por encontrarse en una situación económica complicada.
Pero hay una diferencia importante entre proteger a quien necesita ayuda y trasladar esa responsabilidad a un particular.
Cuando un inquilino deja de pagar, el propietario sigue teniendo que afrontar sus obligaciones económicas. La hipoteca no se suspende, el recibo de la comunidad sigue llegando y el IBI no desaparece.
Y si además existen dificultades para recuperar la vivienda, el perjuicio económico puede prolongarse.
Me parece que aquí hay una cuestión que las administraciones deberían abordar con mayor responsabilidad: la protección social no puede descansar exclusivamente sobre el patrimonio privado de los ciudadanos.
Si una familia no puede pagar un alquiler, las administraciones deben disponer de mecanismos eficaces para ofrecer soluciones habitacionales. No podemos convertir al propietario particular en el responsable de financiar indefinidamente esa protección.
La solidaridad es necesaria, pero debe ser una política pública, no una obligación que recaiga siempre sobre la misma parte.
Nuevos decretos, nuevas obligaciones y cada vez más incertidumbre
Las últimas iniciativas legislativas sobre vivienda vuelven a poner de manifiesto algo que me preocupa especialmente: la falta de estabilidad normativa.
Hemos visto propuestas para modificar las prórrogas de los contratos, ampliar los plazos de preaviso, establecer indemnizaciones por determinadas no renovaciones y reforzar las limitaciones sobre los alquileres.
Algunas de estas propuestas ni siquiera han conseguido consolidarse, como ha ocurrido con los Reales Decretos-leyes 27/2026 y 28/2026, que fueron derogados.
Mientras tanto, los propietarios y los profesionales inmobiliarios tenemos que estar pendientes de cada cambio, cada anuncio y cada modificación.
Y me pregunto: ¿cómo puede una persona planificar una inversión inmobiliaria si las reglas que afectan a su patrimonio están sometidas a una incertidumbre constante?
Un mercado necesita seguridad jurídica. Quien compra una vivienda necesita saber qué derechos tiene. Quien alquila necesita conocer sus obligaciones. Y quien invierte necesita poder calcular los riesgos.
No se puede pedir confianza cuando las reglas del juego parecen cambiar continuamente.
¿Y si el problema no está solamente en los propietarios?
Creo que estamos enfocando mal una parte importante del problema.
La falta de vivienda disponible no se soluciona únicamente limitando precios o imponiendo nuevas condiciones a los contratos privados.
Necesitamos más vivienda. Y para conseguirlo hay que actuar sobre las verdaderas dificultades que impiden que esa oferta llegue al mercado.
Necesitamos suelo disponible, agilidad administrativa, licencias que no tarden años, seguridad urbanística, incentivos a la rehabilitación y una política de vivienda pública que esté a la altura de las necesidades actuales.
También necesitamos facilitar que las viviendas existentes puedan incorporarse al mercado.
En mi trabajo encuentro situaciones que explican parte de esta realidad: viviendas heredadas que llevan años sin poder transmitirse porque la titularidad no está correctamente regularizada, propiedades con documentación incompleta, inmuebles pendientes de inscripción registral y familias que no pueden vender porque su situación jurídica no está resuelta.
Son viviendas que existen, pero que necesitan soluciones.
¿No sería más razonable facilitar que todo ese patrimonio pueda regularizarse y ponerse en condiciones de ser vendido o alquilado?
A veces parece que buscamos soluciones cada vez más complejas mientras dejamos sin resolver problemas que llevamos años arrastrando.
El propietario no es el enemigo
Hay algo que me gustaría que se entendiera de una vez: propietario e inquilino no tienen por qué estar enfrentados.
Uno necesita una vivienda y otro dispone de ella. Ambos necesitan seguridad, confianza y unas condiciones justas.
El propietario tiene derecho a proteger su patrimonio, obtener una rentabilidad legítima y recuperar su inmueble cuando corresponda legalmente.
El inquilino tiene derecho a una vivienda digna, a contratos transparentes y a una protección efectiva frente a los abusos.
No son derechos incompatibles.
Lo que no podemos hacer es construir un modelo de vivienda en el que una de las partes sienta que cada nueva medida supone una pérdida de derechos o un aumento de sus responsabilidades.
Porque si conseguimos que los propietarios tengan miedo a alquilar, no estaremos solucionando el problema de quienes necesitan hacerlo.
Y si reducimos la oferta disponible, las dificultades de acceso a la vivienda pueden terminar agravándose.
¿Qué ocurre con Canarias?
En Canarias tenemos una realidad que no podemos ignorar.
El acceso a la vivienda se ha convertido en una preocupación creciente. Los precios, la escasez de oferta, el coste de construcción, las limitaciones del territorio y las dificultades administrativas forman parte de un problema que necesita respuestas concretas.
Pero no podemos olvidar el patrimonio inmobiliario que ya existe.
Tenemos viviendas que necesitan rehabilitación, propiedades que requieren regularización registral y herencias que permanecen sin resolver durante años.
Desde mi experiencia, considero que facilitar la regularización de esos inmuebles debería formar parte de cualquier estrategia seria para aumentar la disponibilidad de vivienda.
No todo consiste en construir más. También hay que conseguir que las viviendas que ya existen puedan utilizarse, transmitirse y alquilarse con todas las garantías legales.
Mi opinión: necesitamos menos confrontación y más soluciones
No pretendo defender que todo lo que hace un propietario esté bien, ni que no deban existir controles frente a los abusos. Por supuesto que deben existir.
Pero tampoco acepto que se generalice y se presente al propietario como el responsable de una crisis que tiene causas mucho más profundas.
Me gustaría ver una política de vivienda que dejara de buscar culpables y empezara a ofrecer soluciones.
Una política que no enfrente a ciudadanos que tienen necesidades distintas, que no convierta la propiedad privada en una fuente permanente de incertidumbre y que entienda que el mercado inmobiliario necesita equilibrio.
Porque la vivienda no se soluciona únicamente con decretos.
Se soluciona con planificación, inversión, seguridad jurídica, agilidad administrativa y responsabilidad política.
Y, sobre todo, escuchando a quienes vivimos diariamente la realidad del sector. PARA TERMINAR, UNA REFLEXIÓN PERSONAL
Después de tantos años trabajando con propietarios, compradores, vendedores y familias que necesitan resolver situaciones inmobiliarias, tengo algo bastante claro:
No se puede solucionar el problema de quienes necesitan una vivienda perjudicando sistemáticamente a quienes la tienen.
El propietario no debería tener que pedir disculpas por ser propietario.
Tener una vivienda, haberla heredado, haberla comprado con esfuerzo o querer obtener una rentabilidad por ella no debería convertir a nadie en sospechoso.
La vivienda es una necesidad básica, sí. Pero también es patrimonio, esfuerzo, ahorro y seguridad para muchas familias.
Y creo que ha llegado el momento de que las políticas de vivienda empiecen a reconocer las dos realidades.
Porque una política de vivienda justa no es la que protege solamente a una parte. Es la que consigue que ambas puedan ejercer sus derechos sin que una tenga que asumir injustamente el coste de las decisiones de la otra.
Begoña Rodríguez Ramos
Asesora inmobiliaria | REINMOCAN
Este artículo recoge mi opinión personal y profesional sobre la política de vivienda. No constituye un dictamen jurídico ni sustituye el análisis de la normativa vigente.









