ARTÍCULO 2. REAL DECRETO-LEY 28/2026: ¿HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR LA INTERVENCIÓN SOBRE UNA VIVIENDA PRIVADA?
El Gobierno pretendía reforzar la continuidad de los contratos de alquiler y establecer indemnizaciones para determinados supuestos de no renovación. La norma fue derogada antes de su entrada en vigor.
Hay decisiones legislativas que merecen algo más que un titular de prensa. Y esta es una de ellas.
El Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, pretendía modificar sustancialmente las condiciones de finalización de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.
La propuesta planteaba un sistema de prórrogas más amplio y una compensación económica para determinados inquilinos cuando el propietario decidiera no continuar con el contrato.
Finalmente, la Diputación Permanente acordó su derogación el 12 de noviembre.
Pero quiero detenerme en lo que esta propuesta representa desde el punto de vista del propietario.
1. ¿Puede un propietario disponer libremente de su vivienda?
Esta es una pregunta que parece incómoda, pero que deberíamos hacernos.
Una persona compra una vivienda, invierte sus ahorros, paga impuestos, asume los gastos de mantenimiento y decide alquilarla.
Firma un contrato con unas condiciones determinadas y, llegado el momento de su finalización, necesita recuperar el inmueble.
Puede querer venderlo, utilizarlo como residencia propia, destinarlo a un hijo o simplemente dejar de alquilarlo.
¿Es razonable que cada vez existan más obstáculos para recuperar una propiedad privada?
La legislación debe proteger al inquilino frente a situaciones abusivas, pero también debe respetar el derecho del propietario a disponer de su patrimonio dentro de los límites legales.
2. La continuidad contractual: una obligación que puede alterar la planificación patrimonial
La reforma pretendía introducir un sistema de prórrogas sucesivas de la misma duración una vez superados los periodos mínimos de cinco o siete años.
Esto habría supuesto un cambio relevante.
Imaginemos a un propietario que tiene una vivienda alquilada desde hace varios años y que ha decidido venderla porque necesita liquidez.
Si las condiciones para recuperar el inmueble se endurecen, la operación puede complicarse, retrasarse o perder atractivo económico.
Una vivienda alquilada puede venderse, pero sus condiciones de transmisión y su valor pueden ser diferentes dependiendo de la situación contractual y de la posibilidad de disponer de ella.
No estamos hablando de un detalle menor. Estamos hablando de planificación patrimonial.
3. Seis meses de preaviso: ¿qué margen tiene el propietario para organizarse?
La propuesta establecía un plazo de seis meses de preaviso para el arrendador, frente a los dos meses previstos para el arrendatario.
Esto habría obligado al propietario a tomar decisiones con una antelación considerable.
Y aquí conviene recordar que las circunstancias personales y económicas pueden cambiar.
Una separación, una necesidad económica, una herencia, un traslado o una situación familiar pueden hacer necesario recuperar una vivienda.
La legislación debe establecer plazos razonables, pero también debe contemplar que el propietario no puede prever con años de antelación todas las circunstancias de su vida.
4. La indemnización por no renovar: otro coste para el propietario
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta era la indemnización que tendría que asumir el propietario en determinados supuestos de no renovación.
Esto añadía una nueva variable económica a la decisión de alquilar una vivienda.
El propietario no solo debía calcular la rentabilidad, los impuestos, los gastos y el mantenimiento del inmueble. También tendría que contemplar una posible indemnización al finalizar el contrato.
¿Quién asumiría ese coste?
Una vez más, el particular.
Y aquí planteo una cuestión: ¿es razonable convertir la finalización de un contrato, cuando se produce conforme a la ley, en una obligación indemnizatoria general?
La protección del arrendatario debe existir, pero no debería confundirse con la eliminación de la capacidad del propietario para decidir sobre su patrimonio.
5. La incertidumbre normativa también tiene un coste
La derogación del Real Decreto-ley 28/2026 antes de su entrada en vigor vuelve a poner sobre la mesa otro problema: la inestabilidad normativa.
Propietarios, inquilinos, agencias inmobiliarias, administradores de fincas y profesionales jurídicos necesitamos saber qué legislación se aplica.
No podemos trabajar pendientes de modificaciones que se anuncian, se aprueban, se modifican y finalmente se derogan.
Cada cambio legislativo exige revisar contratos, asesorar a los clientes y adaptar decisiones económicas.
La seguridad jurídica no debería ser una cuestión secundaria.
6. Mi reflexión: el propietario no puede convertirse en un arrendador cautivo
Quiero dejar clara una cuestión.
Defender los derechos de los propietarios no significa estar en contra de los inquilinos.
Significa defender que una relación contractual debe mantener un equilibrio.
El propietario tiene derecho a obtener una rentabilidad legítima, recuperar su inmueble cuando corresponda y disponer de su patrimonio dentro del marco legal.
El inquilino tiene derecho a una vivienda digna, a unas condiciones contractuales claras y a no sufrir decisiones arbitrarias.
Ambas posiciones son compatibles.
Lo que no resulta razonable es que la solución a la falta de vivienda pase sistemáticamente por trasladar nuevas cargas al propietario particular.
Si queremos más viviendas en alquiler, debemos crear condiciones que generen confianza.
CONCLUSIÓN
El Real Decreto-ley 28/2026 pretendía introducir importantes modificaciones en la duración y finalización de los contratos de arrendamiento.
Sin embargo, fue derogado antes de su entrada en vigor.
Su contenido nos deja una reflexión que va más allá de una norma concreta: el mercado del alquiler necesita estabilidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de ambas partes.
No se puede construir un mercado de alquiler sólido si una de las partes siente que cada nueva regulación reduce su capacidad de decidir sobre su propio patrimonio.
Desde REINMOCAN defendemos que proteger al inquilino y respetar al propietario no son objetivos incompatibles.
El equilibrio contractual no debería ser una excepción: debería ser el punto de partida.









