Cómo las modificaciones de la LAU y la Ley de Vivienda están ahuyentando a los propietarios del mercado del alquiler

reinmocan • 26 de julio de 2025

Impacto legal y económico: por qué los cambios en la LAU y la Ley de Vivienda están frenando la oferta de alquiler y complicando el mercado inmobiliario

Las recientes modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Vivienda han supuesto un golpe directo a la seguridad, libertad y rentabilidad de los propietarios en España. Bajo la supuesta intención de proteger al inquilino y “regular” el mercado, se está gestando un escenario que genera más miedo que certezas. Y lo peor es que muchos propietarios ya están reaccionando: retirando sus viviendas del mercado, vendiendo o pasándose al alquiler turístico.

Principales cambios legales que están poniendo en jaque a los arrendadores

Duración mínima de los contratos: Ahora los contratos deben durar 5 años si el arrendador es persona física, y 7 años si es jurídica. A esto se le suma una prórroga tácita de hasta 3 años, incluso si ninguna de las partes quiere continuar.

Topes a la subida de la renta: Se acabó la referencia al IPC. Ahora hay límites máximos (2% en 2023, 3% en 2024 y a partir de 2025, un índice oficial aún por definir). ¿Resultado? Pérdida directa de rentabilidad.

Zonas tensionadas: Si tu propiedad se encuentra en una de estas zonas (y cada vez hay más), no puedes subir el precio del alquiler aunque el mercado lo permita. Tampoco puedes fijar la renta libremente si tienes cinco o más viviendas, incluso si eres una persona física.

Más gastos y menos margen: Los gastos de gestión y formalización los debe asumir el propietario. Además, si el inquilino se declara vulnerable, el desahucio puede quedar paralizado durante meses o años.

Consecuencias reales: retirada masiva, miedo y cierre de viviendas

La reacción no se ha hecho esperar. Miles de propietarios ya han optado por:

  • Retirar sus inmuebles del alquiler residencial; en algunos territorios como Cataluña se ha registrado una caída de más del 25% en la oferta de alquiler tras la implantación de las zonas tensionadas.
  • Cambiar al alquiler turístico o temporal, donde aún tienen algo de libertad para fijar precios y seleccionar inquilinos con menor riesgo.
  • Cerrar las viviendas directamente por miedo a morosos, okupas y leyes que les atan de pies y manos.
  • Vender los inmuebles: muchas viviendas que podrían estar en alquiler están siendo vendidas, incluso a precio inferior, por el agotamiento y la frustración de sus propietarios. 

Inseguridad jurídica y pérdida del control sobre la propiedad

Hoy, ser propietario de una vivienda en alquiler en España es asumir un alto nivel de incertidumbre. No sabes si:

  • Vas a poder recuperar tu piso si el inquilino deja de pagar.
  • Podrás actualizar la renta de acuerdo a la inflación o el mercado.
  • Te declararán tu zona como “tensionada” de un día para otro.
  • Tendrás que pagar todos los gastos mientras tus derechos se reducen.
  • Y la consecuencia directa es evidente: desincentivo a poner viviendas en el mercado.

¿Qué se esconde detrás de estas medidas?

No hace falta ser conspiranoico para ver hacia dónde apunta todo esto. El Gobierno dice querer garantizar el acceso a la vivienda, pero lo está haciendo a costa de limitar la propiedad privada. Sin llegar a expropiar, te impide usar y rentabilizar tu inmueble libremente, empujándote a abandonar el mercado o a vender.


Algunos lo llaman “intervencionismo suave”, pero lo cierto es que está muy cerca de una forma de expropiación indirecta. No te quitan la casa, pero te quitan el control sobre ella. 

El objetivo: que el Estado gane protagonismo como gestor y promotor de vivienda pública, mientras asfixia al pequeño propietario.


Conclusión: ¿Y ahora qué?

Si eres propietario, toca decidir:

  • ¿Vas a seguir en un mercado que cada día te ofrece menos garantías?
  • ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo de morosos, okupas y topes de renta sin posibilidad de actuar?
  • ¿O vas a dar un paso al lado y proteger tu inversión?

Desde aquí lo digo claro: estas leyes no protegen al pequeño propietario, lo castigan. Y si no se rectifican pronto, el resultado será evidente: menos oferta, precios artificiales y un mercado roto.



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Quiero contaros la historia de Juan, un pequeño tejedor que vivía en un pueblo tranquilo. Juan tenía un par de casitas heredadas de sus padres, con las que pagaba las cuentas y vivía con lo justo. Nada lujoso, solo lo necesario. Un día, el Rey del Gran Reino anunció que para proteger el bosque mágico que rodeaba el pueblo, todos debían construir una “muralla verde” alrededor de sus casas. La muralla debía cumplir reglas muy estrictas: ventanas nuevas, paredes aisladas, techos brillantes, placas solares… El Rey decía que era por el bien del bosque y para que el aire fuera puro. Juan se preguntó: “Está bien cuidar el bosque, pero ¿quién va a pagar todo esto? ¿Yo, con mis pocas monedas?” Pasaron los meses y la muralla verde se volvió ley. Juan intentó pedir ayuda al Rey, pero las monedas que le dieron fueron tan pocas que apenas cubrían el papeleo. Mientras, los grandes señores del reino, dueños de castillos enormes, seguían sin cambiar sus murallas viejas. Juan comprendió que si no construía esa muralla, no podría vender ni alquilar sus casitas. Se sentía atrapado y excluido, mientras el Rey hablaba de progreso y justicia. Ahora, ¿os suena esta historia? Porque en realidad, esto es lo que está pasando con el nuevo Certificado de Eficiencia Energética en España. A partir de 2030, tu vivienda tendrá que tener una calificación energética mínima E para venderla o alquilarla, y en 2033, la letra D. ¿Te preguntarás, “Begoña, ¿y esto quién lo va a pagar?” Pues los mismos de siempre: los pequeños propietarios, los que tenemos uno o dos pisos y los alquilamos para llegar a fin de mes o complementar la pensión. ¿Habrá ayudas? Sí, pero tan pocas y con tanto papeleo que parece una burla. Y las reformas que exigen —aislamiento, ventanas nuevas, placas solares— pueden costar miles de euros, justo cuando la mayoría ya no llega a final de mes. ¿Y si no lo haces? No podrás vender ni alquilar legalmente, y te arriesgas a sanciones o a quedar fuera del mercado. El Gobierno nos vende esto como una medida ecológica y progresista, pero en realidad están excluyendo al pequeño propietario para beneficiar a los grandes fondos que siguen comprando y vendiendo sin problema. ¿Quién puede permitirse reformar 2, 3 o 4 pisos? ¿Un jubilado? ¿Una familia modesta? No. Esto está diseñado para que solo los de siempre puedan seguir jugando. Por eso, lo que debemos exigir es: Subvenciones reales, no simbólicas Asesoramiento técnico gratuito Tiempo y flexibilidad real Y sobre todo, que no nos criminalicen por tener una propiedad. No somos delincuentes ni especuladores. Somos gente que ha ahorrado y ha cumplido. Mejorar la eficiencia energética es necesario, pero esto no es transición verde: es exclusión verde. Si no puedes pagar, te quedas fuera. Eso no es justicia social, es una política ciega y destructiva. 
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