La herencia como colchón: ¿es justo depender de los padres para tener una casa?

reinmocan • 26 de julio de 2025

La herencia como colchón: ¿realmente es justo depender del legado familiar para alcanzar la vivienda propia?

En España, hablar de vivienda ya no es solo hablar de hipotecas, alquileres o precios al alza. Es hablar, cada vez más, de herencias. De transferencias familiares. De padres que avalan, que compran, que ceden, que ayudan. Y de hijos que, sin ese apoyo, simplemente no pueden acceder a una casa propia. Porque seamos honestos: en muchas ciudades, sin familia detrás, no hay techo delante.

Pero, ¿es justo que el acceso a una vivienda, uno de los pilares fundamentales para una vida autónoma y digna, dependa de la suerte del nacimiento? ¿Estamos construyendo una sociedad donde tener un hogar ya no es un derecho, sino un privilegio heredado?

De derecho universal a legado familiar

España tiene una relación muy particular con la propiedad de la vivienda. Históricamente, más del 75% de las personas son propietarias, una de las tasas más altas de Europa. Pero esta cifra esconde una verdad incómoda: cada vez más jóvenes acceden a la propiedad no por su salario, sino por el patrimonio familiar. Según el Banco de España, en los últimos años, la ayuda intergeneracional ha pasado a ser la principal vía de entrada a la vivienda.

Esto significa, en la práctica, que el mercado de la vivienda no está premiando el esfuerzo, ni el trabajo, ni la estabilidad laboral, sino el linaje. Es una especie de “feudalismo moderno” donde los bienes se transmiten por apellido más que por mérito. Y eso genera un sistema profundamente injusto.

El precio de depender

Pedir ayuda a la familia para comprar una casa ya no es una opción, es casi una necesidad. Las cifras lo demuestran:

  • En Madrid o Barcelona, una pareja joven necesitaría ahorrar durante 8 a 10 años sin gastar un euro para acceder al 20% de entrada exigida por un banco.
  • En muchos casos, los padres actúan como avalistas o directamente compran la vivienda para sus hijos.
  • Los que no tienen esa red familiar simplemente se ven forzados al alquiler, cada vez más caro o a la precariedad residencial.

Esta situación reproduce la desigualdad estructural: quien nace en una familia con patrimonio consolida su posición. Quien no, queda fuera del sistema. Así, la vivienda deja de ser un ascensor social para convertirse en un muro de contención.

Una sociedad hereditaria, no meritocrática

El problema de fondo es que el modelo habitacional español ha fracasado como política pública, y en su ausencia, la familia ha ocupado su lugar. Pero eso implica una profunda regresión:

  • Se privatiza el riesgo: si tienes respaldo familiar, bien; si no, lo llevas tú solo.
  • Se perpetúa la desigualdad: las herencias reemplazan la intervención del Estado.
  • Se frena la movilidad social: el acceso a una casa, y con ello a la independencia, a formar una familia o a tener hijos, ya no depende de tus capacidades, sino de tu procedencia.

En lugar de garantizar el derecho a una vivienda, se está aceptando que el acceso a la propiedad sea una lotería patrimonial.

Heredar... ¿a qué edad?

Incluso quienes defienden la herencia como vía natural de acceso a la vivienda olvidan un detalle clave: las herencias llegan, en muchos casos, demasiado tarde.

En promedio, en España se hereda la vivienda principal a los 50 o 60 años, cuando ya no cumple la función de emancipar, sino de reacomodar. Además, si la generación actual vive de alquiler o hipotecada hasta tarde, lo que heredarán sus hijos será deuda o inestabilidad.

Esto genera una falsa sensación de seguridad: se confía en una herencia futura que no siempre llega, o que llega cuando ya no resuelve los problemas estructurales del presente.

¿Hay alternativas? Sí, pero exigen una transformación profunda del modelo habitacional:

1. Ampliar el parque de vivienda pública

Un sistema fuerte de vivienda pública en alquiler permitiría reducir la dependencia familiar y garantizar acceso digno a quienes no tienen herencia que esperar.

2. Blindar la vivienda como derecho, no como bien de inversión

Hacer políticas que limiten la especulación y que garanticen estabilidad y asequibilidad a largo plazo.

3. Facilitar la emancipación temprana

Incentivar el alquiler asequible real, no de 900 € al mes para un sueldo de 1.200 y reducir el peso de la deuda hipotecaria temprana.

¿Y si seguimos como hasta ahora?

Aceptar que solo quien tiene padres con propiedades puede tener casa es abandonar a una generación entera a la precariedad. Es legitimar una sociedad donde el éxito vital está condicionado por el patrimonio familiar. Y es, sobre todo, renunciar al principio de igualdad de oportunidades.

Porque, aunque no lo parezca, no todos tienen a quién pedir ayuda. No todos tienen algo que heredar. Y ningún país que se llame justo puede permitir que el derecho a vivir dignamente dependa de eso.


La vivienda no debe ser un privilegio heredado, sino un derecho garantizado. Mientras sigamos viendo la ayuda familiar como solución estructural, seguiremos profundizando la brecha entre quienes tienen un colchón patrimonial y quienes caminan sin red.

No se trata de demonizar la herencia, sino de reconocer que cuando se convierte en la única vía de acceso a un derecho básico, lo que falla no es la familia: es el Estado.

La herencia puede ser un alivio, un empujón, incluso una muestra de amor intergeneracional. Pero no puede ni debe ser la única puerta de entrada a una vida digna. Si normalizamos que solo quienes nacen con respaldo económico pueden aspirar a una vivienda, estamos aceptando un modelo profundamente excluyente y regresivo.

No se trata de prohibir la ayuda familiar, sino de que no sea imprescindible. De que todos, vengan de donde vengan, puedan emanciparse, construir su proyecto vital y tener un hogar sin tener que esperar una herencia o una firma parental.


Porque una sociedad justa no es aquella en la que se hereda un techo, sino una donde nadie teme quedarse sin él.


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Quiero contaros la historia de Juan, un pequeño tejedor que vivía en un pueblo tranquilo. Juan tenía un par de casitas heredadas de sus padres, con las que pagaba las cuentas y vivía con lo justo. Nada lujoso, solo lo necesario. Un día, el Rey del Gran Reino anunció que para proteger el bosque mágico que rodeaba el pueblo, todos debían construir una “muralla verde” alrededor de sus casas. La muralla debía cumplir reglas muy estrictas: ventanas nuevas, paredes aisladas, techos brillantes, placas solares… El Rey decía que era por el bien del bosque y para que el aire fuera puro. Juan se preguntó: “Está bien cuidar el bosque, pero ¿quién va a pagar todo esto? ¿Yo, con mis pocas monedas?” Pasaron los meses y la muralla verde se volvió ley. Juan intentó pedir ayuda al Rey, pero las monedas que le dieron fueron tan pocas que apenas cubrían el papeleo. Mientras, los grandes señores del reino, dueños de castillos enormes, seguían sin cambiar sus murallas viejas. Juan comprendió que si no construía esa muralla, no podría vender ni alquilar sus casitas. Se sentía atrapado y excluido, mientras el Rey hablaba de progreso y justicia. Ahora, ¿os suena esta historia? Porque en realidad, esto es lo que está pasando con el nuevo Certificado de Eficiencia Energética en España. A partir de 2030, tu vivienda tendrá que tener una calificación energética mínima E para venderla o alquilarla, y en 2033, la letra D. ¿Te preguntarás, “Begoña, ¿y esto quién lo va a pagar?” Pues los mismos de siempre: los pequeños propietarios, los que tenemos uno o dos pisos y los alquilamos para llegar a fin de mes o complementar la pensión. ¿Habrá ayudas? Sí, pero tan pocas y con tanto papeleo que parece una burla. Y las reformas que exigen —aislamiento, ventanas nuevas, placas solares— pueden costar miles de euros, justo cuando la mayoría ya no llega a final de mes. ¿Y si no lo haces? No podrás vender ni alquilar legalmente, y te arriesgas a sanciones o a quedar fuera del mercado. El Gobierno nos vende esto como una medida ecológica y progresista, pero en realidad están excluyendo al pequeño propietario para beneficiar a los grandes fondos que siguen comprando y vendiendo sin problema. ¿Quién puede permitirse reformar 2, 3 o 4 pisos? ¿Un jubilado? ¿Una familia modesta? No. Esto está diseñado para que solo los de siempre puedan seguir jugando. Por eso, lo que debemos exigir es: Subvenciones reales, no simbólicas Asesoramiento técnico gratuito Tiempo y flexibilidad real Y sobre todo, que no nos criminalicen por tener una propiedad. No somos delincuentes ni especuladores. Somos gente que ha ahorrado y ha cumplido. Mejorar la eficiencia energética es necesario, pero esto no es transición verde: es exclusión verde. Si no puedes pagar, te quedas fuera. Eso no es justicia social, es una política ciega y destructiva. 
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