Vivienda pública o barbarie: el derecho a techo no puede depender del mercado ni del esfuerzo individual

Vivienda pública o barbarie: cuando el derecho a un techo no puede quedar a merced del mercado ni del esfuerzo individual.

La radiografía de la vivienda en España es clara y dolorosa: un mercado desbocado, políticas erráticas o ineficaces, y una ciudadanía atrapada entre el miedo a no poder pagar el alquiler y la frustración de no poder comprar. Pero si queremos ir más allá del diagnóstico y empezar a hablar de soluciones reales, tenemos que cambiar radicalmente el marco de la conversación: la vivienda no puede seguir tratándose como una propiedad privada a la que se accede mediante mérito, herencia o suerte. Tiene que volver a ser lo que siempre debió ser: una infraestructura básica garantizada por el Estado.

Hoy en día, las políticas públicas no están resolviendo el problema: están gestionando sus consecuencias, y a menudo reforzándolas. Subvencionar al comprador primerizo, ofrecer ayudas al alquiler, avalar hipotecas a jóvenes o favorecer fiscalmente a propietarios “buenos” puede parecer empático, pero en el fondo son estrategias reactivas que dejan intacta la raíz del problema: que el parque de vivienda sigue en manos privadas, que la oferta pública es insignificante y que el precio lo sigue fijando un mercado sin límites, no el interés general.

En la práctica, eso significa lo siguiente: se está exigiendo a la ciudadanía que se adapte a un ecosistema profundamente hostil, como si buscar piso fuera una carrera de obstáculos inevitable, y no el resultado de décadas de renuncia política. Se exige a los jóvenes que ahorren lo que no pueden, a las familias que se endeuden durante 30 años, y a los inquilinos que acepten precios absurdos con la esperanza de que algún día “mejorará”. Es decir: se privatiza el riesgo mientras se socializan las consecuencias.

Pero hay una alternativa. Una que no es ni utópica ni imposible: construir, blindar y gestionar directamente un parque amplio, estable y bien distribuido de vivienda pública, al margen del mercado especulativo.

Países como Austria o los Países Bajos ya lo hacen desde hace décadas. No son paraísos comunistas: son democracias liberales que entendieron algo fundamental tras la Segunda Guerra Mundial: si dejas que el mercado controle el acceso a la vivienda, lo hará en función de la rentabilidad, no de la necesidad. Y si el Estado no interviene de forma activa, lo hará después pagando los costes sociales: desigualdad, despoblamiento, guetos, pérdida de talento joven, polarización y conflicto.

En España, solo el 2% del parque es vivienda pública permanente. En Viena es más del 40%. Esa brecha no es ideológica, es estructural. Y explica por qué aquí hablar de vivienda es hablar de angustia, y allí es hablar de estabilidad.

La solución no es construir “más vivienda” en abstracto, ni incentivar que los propietarios alquilen “un poco más barato” durante siete años. La solución es que el Estado construya directamente vivienda pública de calidad, y que esa vivienda no pueda ser vendida al cabo de unos años como quien revende un coche usado. Tiene que ser pública para siempre, como lo es una escuela, una carretera o un hospital. Porque una vez privatizada, esa inversión pública deja de servir al interés colectivo y se convierte en otra palanca del beneficio privado.

El acceso a la vivienda no puede depender de que los padres te ayuden con la entrada o de que heredes el piso del abuelo. No puede basarse en la familia como colchón, ni en los bancos como salvavidas, ni en los alquileres turísticos como fuente de ingresos paralelos. Necesitamos un modelo que no dependa del esfuerzo heroico de los individuos, sino de una red pública sólida, predecible y justa.

Esto no es una cuestión técnica. Es profundamente política. Y también profundamente ética: ¿queremos que el lugar donde vivimos dependa del azar del mercado o del compromiso de la democracia? ¿Queremos seguir tratando la vivienda como un activo financiero o como un derecho humano? ¿Queremos que nuestros hijos y nietos vivan alquilando a fondos buitre o compartiendo piso hasta los 40, o queremos ofrecerles una alternativa real que no dependa del poder adquisitivo?

España no saldrá de esta emergencia habitacional parcelando culpas ni maquillando cifras. Salir del problema exige voluntad política, inversión pública ambiciosa y una ruptura con el modelo actual. No basta con “ayudar” a los ciudadanos a sobrevivir en este sistema: hay que cambiar el sistema para que no tengan que sobrevivir, sino vivir con dignidad.

Porque si el Estado no construye vivienda pública suficiente, lo que está construyendo es un futuro de exclusión crónica. Y eso ya no es una crisis: es una renuncia colectiva.