La herencia como colchón: ¿realmente es justo depender del legado familiar para alcanzar la vivienda propia?
Vivienda pública o barbarie: cuando el derecho a un techo no puede quedar a merced del mercado ni del esfuerzo individual.
Impacto legal y económico: por qué los cambios en la LAU y la Ley de Vivienda están frenando la oferta de alquiler y complicando el mercado inmobiliario
Quiero contaros la historia de Juan, un pequeño tejedor que vivía en un pueblo tranquilo. Juan tenía un par de casitas heredadas de sus padres, con las que pagaba las cuentas y vivía con lo justo. Nada lujoso, solo lo necesario. Un día, el Rey del Gran Reino anunció que para proteger el bosque mágico que rodeaba el pueblo, todos debían construir una “muralla verde” alrededor de sus casas. La muralla debía cumplir reglas muy estrictas: ventanas nuevas, paredes aisladas, techos brillantes, placas solares… El Rey decía que era por el bien del bosque y para que el aire fuera puro. Juan se preguntó: “Está bien cuidar el bosque, pero ¿quién va a pagar todo esto? ¿Yo, con mis pocas monedas?” Pasaron los meses y la muralla verde se volvió ley. Juan intentó pedir ayuda al Rey, pero las monedas que le dieron fueron tan pocas que apenas cubrían el papeleo. Mientras, los grandes señores del reino, dueños de castillos enormes, seguían sin cambiar sus murallas viejas. Juan comprendió que si no construía esa muralla, no podría vender ni alquilar sus casitas. Se sentía atrapado y excluido, mientras el Rey hablaba de progreso y justicia. Ahora, ¿os suena esta historia? Porque en realidad, esto es lo que está pasando con el nuevo Certificado de Eficiencia Energética en España. A partir de 2030, tu vivienda tendrá que tener una calificación energética mínima E para venderla o alquilarla, y en 2033, la letra D. ¿Te preguntarás, “Begoña, ¿y esto quién lo va a pagar?” Pues los mismos de siempre: los pequeños propietarios, los que tenemos uno o dos pisos y los alquilamos para llegar a fin de mes o complementar la pensión. ¿Habrá ayudas? Sí, pero tan pocas y con tanto papeleo que parece una burla. Y las reformas que exigen —aislamiento, ventanas nuevas, placas solares— pueden costar miles de euros, justo cuando la mayoría ya no llega a final de mes. ¿Y si no lo haces? No podrás vender ni alquilar legalmente, y te arriesgas a sanciones o a quedar fuera del mercado. El Gobierno nos vende esto como una medida ecológica y progresista, pero en realidad están excluyendo al pequeño propietario para beneficiar a los grandes fondos que siguen comprando y vendiendo sin problema. ¿Quién puede permitirse reformar 2, 3 o 4 pisos? ¿Un jubilado? ¿Una familia modesta? No. Esto está diseñado para que solo los de siempre puedan seguir jugando. Por eso, lo que debemos exigir es: Subvenciones reales, no simbólicas Asesoramiento técnico gratuito Tiempo y flexibilidad real Y sobre todo, que no nos criminalicen por tener una propiedad. No somos delincuentes ni especuladores. Somos gente que ha ahorrado y ha cumplido. Mejorar la eficiencia energética es necesario, pero esto no es transición verde: es exclusión verde. Si no puedes pagar, te quedas fuera. Eso no es justicia social, es una política ciega y destructiva.
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